En Ecuador no hay una guerra civil ni un enfrentamiento entre facciones. Hay un pueblo indignado que se siente traicionado. Quienes votaron por Daniel Noboa esperaban un cambio de rumbo, un aire fresco en la política, un alivio frente al desgaste de los gobiernos anteriores. Lo que encuentran ahora es represión, silencio forzado y un discurso que disfraza el control como “ayuda humanitaria”.
La traición al lenguaje y a la esperanza
Cuando el gobierno anuncia “convoyes humanitarios” que en realidad trasladan tropas, vehículos blindados o personal armado, está violando no solo la confianza del pueblo, sino la esencia misma de la palabra humanitario. La ayuda se transforma en una máscara que encubre la fuerza. Es un engaño institucional: el Estado que debía proteger a sus ciudadanos utiliza su infraestructura de socorro para intimidarlos.
No hay nada más cruel que usar la palabra “ayuda” para ejercer miedo. El pueblo no se enfrenta al ejército: el ejército es desplegado contra el pueblo, mientras se le dice que se actúa “por su bien”.
De la desilusión al abuso
La gente que hoy protesta no lo hace porque desee el caos, sino porque se siente engañada. Se prometió empleo, seguridad y transparencia; lo que se recibe es propaganda, improvisación y represión. Los recursos públicos destinados a emergencias o programas sociales son desviados para sostener operativos militares o para encubrir el despliegue de fuerza bajo el barniz de la “solidaridad”.
Esa práctica no es solo un abuso ético: puede constituir una violación a los derechos humanos. Cuando un Estado utiliza mecanismos de ayuda civil para fines militares o policiales, rompe la neutralidad de la asistencia y coloca a la población en situación de vulnerabilidad.
¿Qué dice el derecho internacional?
El Ecuador no vive un conflicto armado interno (en estricto sentido), el uso de medios humanitarios para operaciones de control o represión contraviene los principios del Derecho Internacional Humanitario y los estándares de derechos humanos.
Los Convenios de Ginebra y las normas consuetudinarias prohíben utilizar emblemas, estructuras o convoyes de carácter humanitario para fines militares o represivos. Este tipo de manipulación se considera una perfídia, es decir, un acto de engaño que destruye la confianza necesaria para proteger a la población civil.
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la vida, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la protesta. Cualquier uso de fuerza que se disfraza de “ayuda” o que se apoya en la mentira de un “convoy humanitario” es una violación directa a esos derechos fundamentales.
¿Ante quién puede denunciarse?
El pueblo no está desarmado. Puede acudir a instancias internacionales que vigilan y sancionan estos abusos:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — puede recibir denuncias individuales o colectivas y solicitar medidas cautelares cuando existe riesgo para la vida o integridad de las personas.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) — a través de comunicaciones o relatores especiales que pueden exigir explicaciones al Estado ecuatoriano.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) — si se demuestra una violación sistemática y la falta de respuesta interna.
- Corte Penal Internacional (CPI) — en casos graves y sostenidos de represión o persecución política, podría intervenir si los hechos se encuadran como crímenes de lesa humanidad.
Cómo documentar y denunciar
Para que una denuncia tenga fuerza más allá del discurso político, debe estar sustentada.
Los pasos son claros:
- Registrar los hechos: fechas, lugares, rutas de los convoyes, tipo de vehículos, fotografías y videos.
- Guardar evidencia documental: comunicados oficiales, órdenes de movilización, declaraciones públicas que confirmen el uso de lenguaje humanitario para acciones de represión.
- Reunir testimonios: de habitantes, funcionarios, voluntarios y periodistas que hayan presenciado los operativos.
- Denunciar primero en el país: ante la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, para demostrar agotamiento o ineficacia de recursos internos.
- Elevar luego el caso a instancias internacionales con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.
La corrupción del lenguaje: el último rostro del autoritarismo
Hay muchas formas de corromper la democracia, pero pocas tan perversas como corromper las palabras.
Decir “convoy humanitario” para enviar represión es como usar una cruz para bendecir un fusil. Es manipular el lenguaje, vaciarlo de sentido, domesticar la esperanza.
El gobierno que llegó prometiendo diálogo ahora reprime a quienes lo interpelan.
El pueblo que creyó en la juventud del poder hoy descubre que detrás del rostro moderno se esconde la vieja práctica del autoritarismo criollo: mandar a callar al que piensa distinto, con la ayuda de la fuerza, del miedo y de la mentira.
El verdadero crimen no es solo en la represión. Es la traición al pueblo y al sentido de lo humano. Cuando la ayuda se vuelve instrumento del poder, la política pierde su alma y la democracia se queda sin voz.