La Ley de Comunicación del Ecuador

Viejos y libro. Cuadro en un restaurante. Cannobio, 2013

Después de algunos años –y con el  uso de la “estrategia juvenil”- la Asamblea
del Ecuador aprobó una ley de comunicación. Esta ley pretende establecer garantías
para que los ciudadanos en el Ecuador reciban (y por lo tanto se produzca) una
información lo menos parcial posible.
 
La ley nace para corregir las prácticas en uso de
los comunicadores, cuyo “criterio”  era
esclavo a los intereses de los dueños de los medios. En este caso la ley pretendería
y concedería  la autonomía que el
informador necesita para realizar su trabajo. Esto supone un cambio profundo en
el periodismo ecuatoriano. Es para todos conocidos, que las grande figuras en
el campo periodístico nacional y local son los mismos dueños de los medios o
sus  familiares, amigos y más
simpatizantes. En este medio, no existe la fundamental separación operativa
entre la gestión del medio de comunicación y la programación de los mismos, que
no solo debe depender del rating. La
falencia ha causado la escasa calidad de los programas propuestos en los medios
y la corrupción de los mismos medios.
 
Sin duda, es mejor tener una ley a no tenerla. La ley
ponen límites indispensables para que la actuación de los individuos y las
instituciones no sea guiados únicamente por la subjetividad y los “intereses”
del los poderosos y astutos que pretenden imponerse y aplastar a quienes son
menos poderosos y menos astutos. Pero, no se debe olvidar que una ley nace
siempre de un principio (una idea). Una idea que se concibe como importante
salvaguardarla y promoverla. En el Ecuador la idea es el Sumak Kausay (cuya formulación mejor propuesta, sería: la promoción
y la custodia de la vida) que exige, por una lado, la difusión y el análisis de
información (porque toda propuesta informativa 
siempre es parcial y condicionada de la perspectiva del medio y del
periodista), por otro lado, el desarrollo de la capacidad critica del ciudadano
que debe preocuparse por su identidad y compromiso político. En mi opinión, la
capacidad crítica del ciudadano es lo más importante en una ley de comunicación
y, de hecho, es lo que debe cuidar y promover la ley, pues lo primero entraría
en el ámbito del derecho civil y penal: tanto para proponer las propias ideas (libertad
de pensamiento) como para determinar penas para quienes se oponen, niegan o se
abusan de la libertad de opinión.
 
La ley de comunicación, como todo en el gobierno de
Rafael Correa, hay que leerla como estrategia para corregir el viejo estilo de
hacer política: el gamonalismo, pero debemos ser cuidadosos para que no se
imponga uno nuevo estilo de gamonales.
 

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